Y sin armas

Por Marcelo Jelen, La Diaria (12/10/07)

Una confesión de incompetencia disfrazada de acto de intolerancia. O viceversa, lo que sería aún peor. Eso supone la prohibición, por parte del gobierno uruguayo, de reuniones en Fray Bentos en las que participen argentinos opuestos a la instalación de la fábrica de celulosa de Botnia.Cincuenta ciudadanos de Gualeguaychú asistieron el fin de semana a una asamblea en Nueva Palmira, 80 kilómetros al sur de Fray Bentos, junto a 300 ambientalistas uruguayos. Cuando regresaban a su país el domingo, los esperaba un grupo de uruguayos indignados con el piquete que corta el paso por el puente General San Martín.“No vamos a dejar que sigan viniendo a hacer lo que quieran”, advirtió Mauricio Duré, un comerciante afectado por los cortes que, según aseguró, pulverizaron 200 puestos de trabajo.La irritación es comprensible. Los ambientalistas de Gualeguaychú hacen piquete, pero lo levantan para cruzar el río ellos mismos. “Si quieren venir a buscar un mártir, lo van a encontrar”, amenazó otro miembro de la Comisión de Afectados por el Bloqueo, Ibar Villalba, en declaraciones a El Observador.

La policía debió intervenir para que los forcejeos, insultos y escupidas no derivaran en una batalla campal. “Tendría que haber dejado que nosotros accionáramos”, se lamentó Villalba.La ministra del Interior, Daisy Tourné, se congratuló el lunes: “La policía uruguaya supo respaldar y preservar los derechos de los extranjeros”, dijo. Pero en la misma conferencia de prensa, Tourné informó que el Consejo de Ministros había resuelto prohibir “la realización en Fray Bentos de ningún tipo de asamblea o concentración” como la programada para el sábado 20 por los argentinos y uruguayos reunidos en Nueva Palmira. Según la ministra, permitir ese acto “sería justificar prácticamente una provocación” hacia la sociedad de Río Negro, que “ha tenido una enorme hidalguía y austeridad en la respuesta” ante el corte del puente. La agresión del domingo fue “síntoma de un estado de cansancio”, afirmó. Con esas palabras, el gobierno identificó a los agresores como víctimas, y a “estas personas que se autodenominan ambientalistas” como provocadores. En cierto modo, al prohibirles manifestarse en Fray Bentos, admitió que los policías de este país, de los que Tourné es jefa, no están en condiciones de resguardar su seguridad.El carácter provocador de los piqueteros de Gualeguaychú no justifica la reacción violenta de la Comisión de Afectados por el Bloqueo, y tampoco la respuesta del gobierno.

La libertad de reunión es un derecho humano universal, y como tal no admite restricciones basadas sobre fronteras nacionales.La viabilidad legal de la medida anunciada por Tourné es discutible. La Constitución consagra “el derecho de reunión pacífica y sin armas”, que sólo puede limitarse “en virtud de una ley”. Las leyes al respecto datan de 1897 y 1936, como lo hizo notar el abogado Hoenir Sarthou en El Espectador, y ordenan pedir permiso a las autoridades para realizar un acto público sólo si se celebra de noche o tiene la finalidad de criticar “la política de un Estado extranjero”. De no ser así, sólo se requiere que “tres vecinos de la localidad” den “aviso previo a la autoridad policial”.

El gobierno sólo podría impedir la celebración diurna de una asamblea en Fray Bentos, organizada por residentes de la ciudad con invitados argentinos para criticar la política ambiental uruguaya, si se desata una epidemia, como prevé el artículo 3 de la ley 2.499 (de 1897). O logrando que el Parlamento modifique esa norma en apenas una semana. O cortando el puente, algo que la propia Tourné descartó.“Hemos demostrado los uruguayos que somos capaces de asegurar la libertad de circulación y de reunión”, se ufanó la ministra. La policía uruguaya protegió a estos ciudadanos argentinos porque era su obligación, no por hacerles un favor. El respeto por los derechos básicos debe demostrarse día a día. De lo contrario, se despeñan. Que se use este episodio como argumento para restringir la libertad de reunión equivale a prohibir a la hinchada visitante concurrir al partido para evitar peleas, o los viajes en ómnibus para impedir los robos. Sin embargo, cada vez aparecen más uruguayos dispuestos a aceptar alegatos como el de aquellos abogados que defendían a los violadores con la indigna excusa de que una minifalda es “prácticamente una provocación”.

Por Marcelo Jelen, La Diaria (12/10/07)